“Valoramos muy positivamente la independencia del sistema judicial en esta causa”, declaró a Servimedia David Couso, portavoz de la familia y hermano del cámara muerto en Bagdad en 2003 por disparos de tropas estadounidenses.

A juicio de la familia Couso, que el juez Pedraz sostenga que la reforma de la justicia universal vulnera la Cuarta Convención de Ginebra (que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado), “significa que la justicia española no hace como el Gobierno español, que sucumbe a presiones de otros países”.

Según David Couso, el Ejecutivo de Rajoy y el PP practican un “patrioterismo de pulserita”, “pero no defienden los derechos de sus ciudadanos”. Ante eso, considera el auto de Pedraz “un aliento para seguir en la lucha” por la condena de los militares que tiene procesados el juez de la Audiencia Nacional, Philip De Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson, a los que atribuye un delito contra la comunidad internacional en concurso con un delito de homicidio.

Pedraz recuerda en su resolución que no puede aplicar en esta causa los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la reforma de la justicia universal y afirma que "la jurisdicción española sí es competente" para investigar los hechos.

El juez explica que no procede el archivo del procedimiento porque "de otro modo estariamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual está proscrito".