La moción será votada por el Congreso, donde la diputada Caridad García ya interpeló al ministro José Ignacio Wert sobre las consecuencias organizativas, económicas y académicas en el sistema educativo de la norma, que empezará a aplicarse el curso que viene.

Según García, tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado se han mostrado críticos con los reales decretos que desarrollan los currículos de Primaria y FP Básica.

Entre otros puntos, señaló, reclaman un informe sobre el impacto económico de la reforma y dictámenes respecto al impacto en el abandono escolar y en la perspectiva de género de la FP Básica.

La moción alude, además, al elevado número de recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Lomce, sobre todo por la invasión de competencias autonómicas.

Asimismo, reclama la apertura de un amplio proceso de diálogo con toda la comunidad educativa en caso de que siga adelante, y exige la supresión de lo que considera un carácter adoctrinador católico en todas las etapas educativas.