Según informó el Ministerio de Justicia, a propuesta del cual ha tomado estas decisiones el Consejo de Ministros, uno de los proyectos de ley orgánica permitirá que el Registro Central de Penados pueda enviar y recibir información sobre antecedentes penales a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales.

También se establece el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en otros países de la Unión Europea, que serán tenidas en cuenta en los procesos que se produzcan con posterioridad por la comisión de nuevos delitos.

El segundo anteproyecto de ley consagra el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE y el tercero modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando a los tribunales las nuevas competencias que se generan del citado reconocimiento mutuo.

Con ellos se unifican en el Derecho español las distintas normas que que ha venido dictando desde 2002 la UE en materia de cooperación judicial penal.

Entre las órdenes europeas que se reconocerán entre los distintos estados figuran las de cumplimiento de penas o las medidas privativas de libertad, que permitirán que una resolución condenatoria dictada en un estado miembro sea ejecutada en otro.

Finalmente, las órdenes de protección de una posible víctima de delito y sus correspondientes medidas también acompañarán a la misma en cualquier lugar de la UE donde se desplace.