En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro explicó que no ha podido ver los recursos presentados y evitó opinar sobre ellos. Sin embargo, reiteró su convicción de que la ley "no tiene ninguna causa de inconstitucionalidad" y su compromiso de dimitir "inmediatamente" si una sentencia dijera lo contrario.

Subrayó que el Consejo de Estado no ha planteado ninguna observación "ni siquiera accidental" en ese sentido, a pesar de que se trata de una materia "delicada", entre otras cosas por existir transferencia de competencias.

Expresó su deseo de que los grupos parlamentarios tuvieran una actitud "más colaboradora" para intentar "mejorar" la calidad de la educación en España, pero reconoció el derecho a ejercer los recursos que la Constitución permite.