La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado de 12 a 4 años y medio de cárcel su petición de pena para los históricos representantes de la izquierda abertzale Joseba Permach y Rufi Etxeberria en el juicio por la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas'.

El fiscal Vicente González-Mota hizo esta petición al tribunal tras modificar su escrito de conclusiones provisionales, que fijaba inicialmente penas de entre 12 y 8 años de prisión a los 34 miembros de Batasuna acusados de delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista. La causa se sigue, además, contra un centenar de 'herriko tabernas' declaradas responsables civiles subsidiarias.

Amaiur entiende que este proceso es “un juicio político” cuyo desenlace puede poner “piedras” en el camino de la paz si los acusados no salen libres. Hoy, la izquierda abertzale protagoniza actos de apoyo en los Parlamentos vasco, navarro y español, que incluyen la firma de un alegato que en Madrid han suscrito ERC y BNG.

Después de 12 años de proceso, dice Amaiur, “es época de tender puntes hacia el futuro”, porque “enrocarse en una estrategia antiterrorista que corresponde al pasado va contra el futuro de Euskal Herria y del Estado español”.

El diputado Rafael Larreina recordó que “todos los sectores políticos y sociales han dado pasos” hacia la paz y por eso “sobran todas las actuaciones que pretenden levantar muros para entorpecer el avance del proceso y este juicio es una pieza importante en el camino”, porque representa “un anacronismo que se sitúa fuera de tiempo y de lugar”.

Según dijo Larreina, “existen herramientas jurídicas suficientes” para que este proceso sea “un paso para la paz y no una piedra en el camino”. Lo contrario, aseguró, “creará frustración y la ciudadanía anhela ilusión, quieren un futuro en paz basado en la justicia, el respeto y el reconocimiento”.

En ese sentido, reclaman que no se celebren ”más juicios políticos”, se “sobresean los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y escandalosas instrucciones judiciales”, “desaparezca el derecho penal del enemigo” y se mantenga el respeto a los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y expresión.

En nombre de ERC, Joan Tardà pidió la resolución política de un conflicto y la reconciliación de todos los vascos, y envió un mensaje de solidaridad.

El BNG también respaldó una actuación que puede contribuir a resolver el conflicto vasco y aseguró que macrojuicios como éste no contribuye a poner fin a la violencia.