La iniciativa salió adelante por unanimidad en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, después de transaccionarse con un texto del PP.

En su defensa de la propuesta, la diputada socialista Laura Seara recordó que el PSOE hace esta petición tras conocerse por los medios de comunicación el caso de un ciudadano ecuatoriano con un grado de discapacidad, intelectual, del 67%, al que la Audiencia Nacional denegó la nacionalidad española por no superar la realización de una prueba con varias preguntas sobre España.

En esta prueba, argumentó Seara, no se habían realizado los ajustes razonables, es decir, "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieran en un caso particular, que sin imponer una carga desproporcionada o indebida garanticen a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de sus derechos".

Y no se habían hecho estas adaptaciones, prosiguió su razonamiento el Grupo Socialista, pese a que así lo indica la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados que la han firmado, como España, a prestar apoyo a los ciudadanos con discapacidad para que alcancen la plena igualdad jurídica.

A juicio del PSOE, esta igualdad debería garantizarse en cualquier procedimiento administrativo de los que se realizan ante las administraciones públicas, sean locales, provinciales, autonómicas o nacionales, "pero esta no es la realidad".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los presentes en la comisión consideran que se deben abordar los cambios normativos necesarios en procesos de extranjería y nacionalidad para introducir los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acreditar suficientemente su grado de integración en España.

En concreto, la proposición aprobada, con la aportación del Grupo Popular, insta al Ejecutivo a revisar la normativa de acceso a la nacionalidad por residencia, para adaptarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, evitando la discriminación que puedan sufrir las personas con discapacidad”.

“A tal fin”, prosigue el texto, “se realizarán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la nacionalidad por residencia, mediante los ajustes razonables que les permitan acreditar ‘su buena conducta cívica’ y ‘suficiente grado de integración en la sociedad española’ en igualdad de condiciones con los demás”.

La proposición no de ley finaliza diciendo que “hasta la entrada en vigor de las modificaciones anteriores, se continuará trabajando para evitar nuevas situaciones de discriminación de las personas con discapacidad”.