Así lo recoge el anteproyecto de ley que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha enviado a los agentes sociales, al que tuvo acceso Servimedia, en el que afirma que esta medida ayudaría a luchar contra el fraude en la liquidación de estas cuotas y supondría una mejora en los ingresos del sistema.

En concreto, la memoria económica que acompaña al anteproyecto recoge que el nuevo modelo evitaría aplicaciones indebidas de bonificaciones; deducciones incorrectas por incapacidad temporal; cotizaciones inferiores por desempleo, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; la ausencia de cotizaciones por trabajadores en alta o en contratos de duración inferior a 7 días; cotizaciones a tiempo parcial por jornadas inferiores a las reales; o conceptos que estaban irregularmente excluidos.

En este sentido, la memoria económica analiza el impacto en algunos de estos casos en los que asegura que hay “estudios actualizados” que permiten su evaluación.

De esta forma, apunta que el hecho de que se eviten cotizaciones por desempleo inferiores a las que corresponderían podría suponer una mejora de ingresos, en un “escenario conservador” de 143,68 millones de euros.

Asimismo, la disminución de casos en los que se aplican bonificaciones y deducciones indebidas reportarían 27,54 millones adicionales. En esta previsión el Ejecutivo tiene en cuenta que habrá casos en los que los empresarios, por desconocimiento, no aplicaban bonificaciones o deducciones que les correspondían, y que ahora sí se incluirán.

A esta cifra se sumarían las mejoras por la disminución de las cargas administrativas de las empresas, que ascenderían a 63,48 millones de euros.

El Gobierno subraya que este nuevo modelo de liquidación de las cuotas permite un “cálculo individualizado” de las mismas en función de la información que ya tiene la Seguridad Social y la que aporte adicionalmente el empresario.

Esta medida supondría, según el Ejecutivo, una simplificación del sistema, una reducción de costes para la Seguridad Social, una mayor efectividad en el control y una mejora de la calidad de la información.

No obstante, admite que este cambio es de “gran envergadura” ,ya que afecta a la “práctica totalidad” de los casos. Por esta razón, defiende que deberá haber un proceso progresivo de implantación que deberá ser “prolongado”.

Así, considera que durante un tiempo deberán pervivir los tres sistemas de liquidación, es decir, el habitual para los asalariados, el simplificado utilizado por los trabajadores por cuenta propia y otros colectivos especiales, y el nuevo modelo de recaudación directa por parte de la Seguridad Social.