La oficina que dirige Soledad Becerril no va acudir al Tribunal Constitucional "porque ya lo han hecho otras organizaciones legitimadas que tenían dudas sobre la constitucionalidad de la norma".

"El Defensor entiende que su intervención no es necesaria ya para asegurar que se garantizan los derechos fundamentales y las libertades públicas", agregó el citado portavoz.

Entidades como la Federación de Enseñanza de UGT y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han solicitado al Defensor que lleve la Lomce al Constitucional, por entender que contraviene preceptos de la Carta Magna.