El pasado 10 de febrero, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, anunció que pedirá permiso al Consejo de Ministros para que permita esta consulta.

Quevedo expone en su iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, que Repsol solicitó en 2001 al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, nueve permisos de investigación de hidrocarburos en aguas canarias, que fueron otorgados.

Un año después, se presentaron varios recursos contencioso-administrativos contra la resolución del Ejecutivo, uno de ellos del Cabildo de Lanzarote, y en 2004 el Tribunal Supremo declaró nulo el programa de trabajo e inversiones aprobado en 2001 para los años tercero a sexto, por falta de control medioambiental.

En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero envió al Ejecutivo canario un expediente con nuevos informes medioambientales, ante lo cual éste pidió una ampliación por considerarlos “poco rigurosos”.

Quevedo expone que, en esta legislatura, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, “ha vuelto a abrir el tema de una forma unilateral”, al autorizar las prospecciones petrolíferas, una decisión que, según el diputado de CC, “ha generado inquietud y alarma en amplios sectores de la opinión pública canaria y, de forma muy significativa, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura”.

“Hasta ahora, lo que ha existido es confusión, ausencia de información clara y precisa, y mensajes de imposición por parte del Gobierno español, que ha desoído la posición de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales canarias”, añade, y señala que hay “desinformación” sobre si existen hidrocarburos en aguas canarias, su impacto medioambiental, la repercusión económica, el empleo o los riesgos asociados.

“Desde el inicio de su tramitación, la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas Canarias ha sido objeto de preocupación constante tanto para las administraciones públicas afectadas, como para la ciudadanía en general”, explica.

En este sentido, Quevedo recalca que una decisión de este tipo “requiere consenso institucional” y “escuchar la opinión” de los ciudadanos de Canarias.