El texto recoge las normas a las que deben ajustarse la realización de coproducciones las autoridades competentes en cada uno de los países para autorizarlas, que en el caso de España es el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y, en su caso, los organismos competentes de las comunidades autónomas.

También contempla los requisitos que deben cumplir los productores interesados en acceder a los beneficios de la coproducción, la participación financiera; la proporción de las aportaciones a las que deben ajustarse los coproductores respectivos, las disposiciones que rigen los trabajos de rodaje, el número de películas realizadas en cada uno de los dos países, etcétera.

Este acuerdo no supone ningún incremento del gasto, según informa el Gobierno, ya que por parte española sólo se subvenciona la parte de la coproducción correspondiente al productor español y las subvenciones se gestionan en convocatoria pública, siempre que haya crédito suficiente para ello.