Así se lo explicaron a Servimedia fuentes de la cámara foral, que precisaron que desde la convocatoria de elecciones hasta la celebración de las mismas han de mediar 55 días naturales y que después de la fecha del 25 de mayo ya no podrán anticiparse, pues comienza el último año de legislatura.

Tal es, por tanto, el plazo de que disponen los grupos de la oposición que aprobaron el viernes un dictamen de conclusiones de la comisión de investigación sobre la Hacienda Foral que instaba a la presidenta Barcina a dimitir y convocar elecciones el 25 de mayo, fecha de los comicios europeos, y de lo contrario, advertían de que tomarán "las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual”.

La única forma de devolver la palabra a la ciudadanía pasaría por aprobar una moción de censura que tendría que ser admitida a trámite por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, que se reúne los lunes; es decir, que tiene que ser presentada el jueves anterior, ya que el registro de la cámara cierra los viernes.

A continuación, los grupos de convocar un pleno extraordinario para escenificarla y destituir al Gobierno de Barcina. Seguidamente, el Parlamento nombraría un nuevo Gobierno que tendría que recibir el visto bueno del Rey y publicarse en el BOE.

Dicho Gobierno disolvería la cámara y convocaría elecciones de inmediato. Aunque la convocatoria de plenos con carácter extraordinario puede realizarse sin ninguna demora, la disolución de la cámara y la convocatoria electoral tiene que realizarse necesariamente antes de que termine el mes de marzo.