La asociación consideró en un comunicado que la norma “menoscaba los derechos adquiridos” por los productores de energía fotovoltaica que realizaron sus inversiones al amparo de un marco regulatorio estable.

A su juicio, la propuesta de orden es “la culminación a la agresión al sector renovable” y vulnera “frontalmente” principios “consagrados” en la Constitución como la prohibición de la retroactividad o la arbitrariedad de los poderes públicos.

La UNEF indicó también que el nuevo marco normativo es contrario a varias directivas europeas y a los principios indicados por la Comisión Europea sobre que los cambios de las reformas energéticas deben evitar alterar la rentabilidad de las inversiones y las expectativas legítimas de los inversores.

“La injustificada aplicación de economías de escala en los recortes en función de la potencia instalada, lleva a que se produzcan diferencias en los mismos que varían desde el 15% de reducción de los ingresos de una planta pequeña a más del 50% que sufre un gran conjunto de instalaciones pequeñas”, apuntó la UNEF.

Entre las medidas que generan mayor impacto a las plantas fotovoltaicas existentes, la patronal denuncia que la propuesta de orden introduce la definición del concepto de agrupación de instalaciones, que aglutina “sin razón” a pequeñas plantas aplicándoles un porcentaje de reducción establecido para plantas de mayor tamaño.