En su resolución, la coalición que lidera Artur Mas realizaba una serie de reclamaciones de traspasos a esta comunidad de competencias de justicia, algunas de las cuales consideran que emanan del Estatuto de Autonomía catalán aprobado en 2006.

En concreto, CiU pedía desarrollar legislativamente "las previsiones para otorgar a los Tribunales Superiores de Justicia las nuevas competencias en materia de casación; creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico; y nueva asunción de competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de los medios personales y materiales y en la definición de la Planta Judicial en sus respectivos territorios”.

Además, reclamaban “traspasar a la Generalitat de Cataluña, para un eficiente ejercicio de sus competencias en materia de justicia y para favorecer el proceso de modernización de la misma, los cuerpos administrativos, los cuerpos de médicos forenses y el cuerpo de secretarios judiciales”.

Por lo que se refiere al uso de la lengua catalana en los tribunales, los convergentes demandaban “modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el respectivo ámbito judicial”.