Así, la Cámara Baja se opuso al planteamiento de Cayo Lara y los otros diputados de su grupo, que criticaban la reforma de la Administración local impulsada por el Gobierno. Según estos parlamentarios de izquierdas, esta reforma ha supuesto “el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos”.

Para La Izquierda Plural, el planteamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia local “es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central”.

Por este motivo, estos diputados solicitaban derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de forma que se abra un “nuevo proceso de elaboración” de esta norma con participación de ayuntamientos y comunidades.

Además, este grupo parlamentario pedía abordar, también, una nueva Ley de Financiación Local, que contemple, entre otras medidas, la eliminación de intereses de demora en el pago a la Seguridad Social.

También requerían para los consistorios una participación mayor en los tributos del Estado, hasta un 33%, de manera análoga a como sucede en los países europeos del entorno europeo.