La iniciativa, que se rechazó por 129 votos a favor, 181 en contra y 22 abstenciones, propone el establecimiento de una moratoria universal e indefinida de las ejecuciones hipotecarias, siempre que se cumplan las condiciones de vivienda habitual, insolvencia sobrevenida y nos disponibilidad de otra vivienda con las que satisfacer el derecho.

La Izquierda Plural pide además la constitución de un Fondo Social de Viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, con inmuebles de entidades nacionalizadas o participadas por el Frob y por pisos desocupados cuya titularidad esté en manos de las administraciones públicas.

Dichos activos inmobiliarios se destinarán a vivienda pública en alquiler por un periodo de, al menos, cinco años a precio protegido.

Además, el grupo parlamentario propone la promulgación de una ley de segunda oportunidad, en el que se presente un procedimiento ante insolvencia familiar que permita a los deudores hipotecarios proceder a la reestructuración ordenada de sus deudas.

Por otra parte, destaca la necesidad de presentar y dotar con los fondos públicos necesarios un plan de fomento de regeneración urbana.

En materia de vivienda también insta al Ejecutivo a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda.