En una de sus propuestas, el PSOE pedía expresamente “retirar inmediatamente y no continuar la tramitación” del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y mantener la legislación de plazos “combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros”.

Reclamaba en esa misma resolución garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.

En su exposición de motivos, los socialistas defendían la legislación vigente frente a una reforma que supone “un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”.