Este sistema fue el que el PP llevaba en el programa con el que ganó las elecciones generales de 2011, aunque, finalmente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantuvo el sistema de elección vigente, según el cual todos los vocales los nombran las Cortes, aunque los magistrados y las asociaciones han podido presentar candidaturas.

Sin embargo, UPyD entiende que Gallardón ha conservado un sistema de no nombramiento de vocales que “debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial”.

Según la formación magenta, el reparto de la “tarta” del CGPJ entre los partidos impide “una efectiva lucha contra la corrupción política”, ya que el órgano de gobierno de los jueces “es el responsable del nombramiento de los más altos puestos de la judicatura, que a su vez han enjuiciar a los propios políticos, en su mayor parte aforados”.

Además, la formación que lidera Rosa Díaz considera que el procedimiento de elección del Consejo mantenido por el Gobierno del PP convierte a los vocales del órgano judicial “en meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado”.

Por este motivo, UPyD pide que, “sin necesidad de acometer una reforma constitucional”, se inste al Ejecutivo “a promover los cambios legales necesarios” para que 12 vocales del CGPJ “no sean elegidos por los partidos políticos, sino por los propios jueces y magistrados mediante un sistema de voto directo, secreto y abierto”.