Según el Cermi, “son cada vez más los casos de desahucios de los que son víctimas personas con discapacidad o en situación de dependencia que se ven desalojadas por no poder afrontar el pago del arrendamiento, sin que en estos casos existan medidas sociales que atenúen las consecuencias de la pérdida de la vivienda”.

Además, continúa, la legislación vigente “sólo ha previsto medidas de carácter social, muy limitadas, para los desahucios derivados de impagos de créditos hipotecarios, pero no ha hecho frente al problema de los desahucios por falta del pago de alquileres, que son cada vez más un problema de gran envergadura”.

Por ello, ante este desamparo legal para los desahucios derivados de arrendamientos, el Cermi propone extender las medidas sociales a todo tipo de pérdida de vivienda, con independencia del carácter o procedencia de la deuda, ya que, en su opinión, “las consecuencias sociales son igualmente traumáticas”.