La Junta subrayó que los municipios andaluces verán afectada su autonomía por una "recentralización" que perjudicará sobre todo a los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes (el 89,5% del total) y a los 509 de menos de 5.000 (66% del total), que quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos.

El recurso se centrará en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final. Además, la Junta señala que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia; 32.000 de ellos en servicios sociales.

La Junta evalúa inicialmente en unos 600 millones el desajuste financiero para las arcas autonómicas que conllevará asumir competencias municipales: 330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público. Según la ley, denuncia Andalucía, la competencia del servicio será municipal sólo si la cuantía que propone es "competitiva", lo que abre las puertas a la privatización.

La Junta criticó también que se impida durante 10 años la segregación de municipios fusionados e impida la creación de nuevas entidades locales con personalidad jurídica, mientras que a las ya existentes (47 en Andalucía) se les impone un mecanismo de supresión vinculado a su estabilidad presupuestaria o a la del ayuntamiento matriz. Por su parte, las 78 mancomunidades tendrán que renunciar a políticas de desarrollo socioeconómico, empleo y formación, por "competencias impropias".

Finalmente, el Gobierno andaluz denunció que la reforma local supone una doble vara de medir, ya que comunidades como el País Vasco o Navarra tendrán la posibilidad de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente.