Respecto a la Ley de Unidad de Mercado, el Gobierno vasco argumenta su recurso en que “unificar” no es lo mismo que “uniformar” y no es tolerable que, apelando a la libertad de circulación de personas, bienes y servicios se menoscabe el principio de autonomía y de la distribución competencial. Por eso, llama a compatibilizar la unidad de mercado con la diversidad regulatoria autonómica.

Para Vitoria, "los excesos reguladores" de la ley "crean desprotección" sobre los derechos lingüísticos, la defensa de los consumidores y el patrimonio histórico, la seguridad viaria, etc.

Además, "se crea una desigualdad material de trato entre los operadores económicos en función del territorio, lo que podría generar deslocalizaciones de empresas", y obliga a las comunidades autónomas y entidades locales aplicar la normativa del lugar de origen del operador en vez de la suya.

Sobre la Ley de Evaluación Ambiental, el Gobierno vasco considera que es tan exhaustiva y legisla con tal detalle, y da tales atribuciones a la Conferencia Sectorial, que queda agotada, prácticamente, la capacidad de la comunidad autónoma para establecer normativa adicional, y, además, recuerda que se está tramitando una modificación extensa de la Directiva comunitaria 2011/92/UE que con toda probabilidad obligará a revisar esta ley.