El proyecto de ley aprobado por el Parlamento ugandés el pasado mes de diciembre fue ratificado este lunes por el presidente del país, Yoweri Museveni, con lo que se convirtió en ley.

Esa norma prevé condenas de cadena perpetua para quienes mantengan relaciones sexuales reiteradas con personas del mismo género, los matrimonios entre individuos de esos colectivos, y sentencias de entre cinco y siete años de prisión para quienes se considere que promocionan esas relaciones, entre otras conductas.

"Esta ley viola una serie de derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación y a la privacidad; la libertad de asociación, de reunión pacífica , de opinión y de expresión, y la igualdad ante la ley, todos los cuales están consagrados en la propia Constitución de Uganda y en los tratados internacionales que ha ratificado”, afirmó.

Pillay señaló que “la desaprobación de la homosexualidad por parte de algunos nunca puede justificar que se violen los derechos fundamentales de otros”, al tiempo que agregó que la ley es “tan amplia que puede dar lugar a abusos de poder y a formular acusaciones contra cualquiera, no sólo a las personas LGBT”.

La Alta Comisionada subrayó que Uganda está obligada, por su Constitución y por el Derecho Internacional, a respetar los derechos todos los individuos y a protegerlos contra la discriminación y la violencia.

Pillay se mostró, además, muy preocupada por el hecho de que la ley podría ser también una amenaza para el trabajo de los defensores de los derechos humanos en ese país y para los esfuerzos en prevenir la propagación del virus que causa el sida.

“Con las tasas de infección de VIH en aumento en Uganda, la ley tendrá un impacto negativo en los esfuerzos por prevenir la trasmisión y facilitar tratamiento a los pacientes con ese virus, y socava el compromiso del Gobierno de un acceso no discriminatorio a los servicios de salud”, destacó.