Fernández Díaz hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mientras los mediadores internacionales explicaban en el País Vasco las pruebas que tienen de que ETA se está deshaciendo de su armamento.

El ministro desacreditó las explicaciones de esos verificadores, al entender que lo que la banda terrorista pretende es "un ejercicio de teatralización, de escenificación".

"Ahora pretende mediante sucesivos comunicados ir escenificando que se va desprendiendo por entregas de las armas y es evidente que nosotros no debemos contribuir a esa teatralización y dar credibilidad a esa escenificación", dijo.

No obstante, reconoció como "evidente" que "todo lo que sea avanzar en el camino de la disolución definitiva es positivo, todo lo que sea entregar las armas es positivo".

CRÍTICA A LOS VERIFICADORES

Fernández Díaz manifestó que "si ETA de verdad quiere desprenderse de las armas no necesita de verificadores" y remachó que "con la Guardia Civil y la Policía nos basta para verificar si es así que se han desprendido de sus armas".

El ministro subrayó que "los mejores verificadores son la Guardia civil y la Policía" e insistió en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen "trabajando para la derrota total y definitiva" de la banda, porque eso es "lo único que esperan la sociedad española y el Gobierno".

Mientras que eso no se produzca, indicó que ETA sigue siendo "una organización terrorista que está viva" y, por lo tanto, la misión del Estado de Derecho es seguir con las detenciones.

Fernández Díaz recordó en este sentido que el Gobierno ha detenido y puesto a disposición judicial a 99 personas vinculadas a ETA en lo que va de legislatura, localizadas en países como México, Venezuela, Brasil, Francia, Italia o Reino Unido, además de España.

"Obras son amores y no buenas razones", esgrimió el ministro para poner de manifiesto que el Ejecutivo sigue con la lucha policial contra ETA aunque ya no se produzcan atentados terroristas.

Por último, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó que el Gobierno tenga que poner en marcha un proceso de ilegalización de las formaciones de la izquierda abertzale si incurren en algún precepto ilegal.

Explicó que, con la legislación vigente, "no es necesaria una decisión política", porque la Fiscalía puede "poner en marcha de forma automática" el mecanismo jurídico para ampliar la ilegalización de partidos.