La extradición de Budovsky, nacido en Kiev (Ucrania) pero de nacionalidad costarricense, debe ser ahora avalada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del Consejo de Ministros.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presididos por Concepción Espejel, han rechazado las alegaciones de Budovsky, que aseguraba que el proceso al que será sometido en Estados Unidos carece de “garantías procesales” al estar basada en la Ley Patriótica. El auto dictado hoy señala que la aplicación de las disposiciones de la Ley Patriota relativas al lavado de dinero no constituyen “per se causa de merma de garantías legales ni procesales algunas”.

El reclamado fue detenido por la Policía Nacional el 24 de mayo de 2013 en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), cuando realizaba el tránsito entre Marruecos y Costa Rica, en virtud de la orden internacional de detención cursada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades judiciales estadounidenses le acusan de delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia.

Liberty Reserve, la empresa de Budovsky, fue fundada en el año 2006 en Costa Rica y permitía hacer pagos 'online' en distintas monedas en todo el mundo. Funcionaba como un sistema de pago electrónico, y habría sido usado presuntamente por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas con sus delitos.

La empresa permitía abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.

A través de Liberty Reserve se habrían realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.