En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría señaló que "la información debe ser completa" a la hora de promover una campaña de secesión del resto de España, por lo que la Generalitat tendría que contar a los catalanes toda la verdad.

Sáenz de Santamaría defendió, en este sentido, que el Gobierno haya enviado información a las embajadas españolas en todo el mundo para que expliquen las repercusiones que tendría que Cataluña se independizara del resto de España, frente a la campaña de propaganda internacional impulsada por Artur Mas.

"La información debe ser completa", dijo Sáenz de Santamaría. "Lo que se está dando es información". "En los informes que se han remitido por parte de las embajadas lo que se hace es explicar lo que supone ese proceso en términos económicos".

La vicepresidenta recalcó que las consecuencias de la independencia "son sumamente graves para Cataluña" y por ello "los ciudadanos deben saber la verdad de lo que este proceso comporta".

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo considera que el Tribunal Constitucional debe anular la declaración soberanista aprobada en enero de 2013 por el Parlamento de Cataluña.

Recordó que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recurrió esta declaración del Parlamento Catalán y que el Tribunal Constitucional admitió el recurso a trámite. Los magistrados del TC, de hecho, mantuvieron este jueves un “debate informal”, según fuentes de la institución, sobre la declaración soberanista.

Sáenz de Santamaría subrayó que para el Gobierno la declaración, más allá de sus posibles efectos jurídicos, tiene unos “efectos clarísimos en relación a la soberanía nacional”, una soberanía que “corresponde al pueblo español”.

“Entendemos que debe ser anulada”, dijo antes de afirmar que no iba a entrar a valorar los debates que se produzcan en el seno del TC.

El Constitucional admitió en mayo de 2013 el recurso interpuesto por el Gobierno contra la declaración soberanista, lo que conllevó la suspensión provisional de la decisión de la Cámara autonómica.

El recurso del Ejecutivo del PP, interpuesto en marzo pasado, se basa en el argumento de que la resolución del Parlamento de Cataluña sostiene que el pueblo catalán es soberano cuando la Constitución sólo reconoce la soberanía de todo el pueblo español en su conjunto.

El TC está pendiente de revisar la constitucionalidad de la resolución aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento catalán y que lleva por título 'Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña'.