Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Juan Saavedra, han rechazado ahora el recurso de súplica interpuesto por Silva contra la primera desestimación de su querella, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. La querella de Silva acusaba a Domínguez y a la fiscal María José Rodríguez Abadía, que participó en su expediente disciplinario, de delitos prevaricación y coacciones.

El Tribunal Supremo todavía no ha decidido si admite o no a trámite la segunda de las querellas interpuestas por el juez, en este caso contra el magistrado que le ha sentado en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación en la causa que instruyó contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Esta segunda querella acusa al instructor de la causa abierta contra Silva, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Jesús Gavilán, de delitos de prevaricación, retardo malicioso y contra los derechos individuales, al entender que se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la defensa del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decretó el pasado 4 de febrero la suspensión cautelar en sus funciones del juez Silva después de que se haya abierto juicio oral en su contra.

DELITOS DE PREVARICACIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el pasado 22 de enero apertura de juicio oral por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y contra la libertad individual.

Silva habría cometido estos delitos en su instrucción de la causa contra el expresidente de Caja Madrid. El juez imputado ordenó el 16 de mayo el primer ingreso en prisión de Blesa, quien tardó menos de 24 horas en abandonar la cárcel al abonar la fianza de 2,5 millones de euros que se le había impuesto.

Silva volvió a enviarle a prisión el 5 de junio, esta vez sin fianza. El expresidente de Caja Madrid estuvo esta vez 15 días en la prisión madrileña de Soto del Real hasta que la Audiencia Provincial de Madrid anuló la causa abierta contra él.

La Fiscalía pide para Silva un total de 30 años de inhabilitación, lo que a la postre supondría su expulsión de la carrera judicial.