El sindicato indica en un comunicado que el Ministerio de Justicia ya ha adoptado la decisión política de trasladar las competencias del Registro Civil a los colegios de registradores, lo que, agrega, supone la privatización de un servicio público.

Denuncia que esta decisión “deja en el aire” la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España y “va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aún sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc.) que hasta ahora eran gratuitas”.

Las advertencias de CSI-F parten, según indica, de una carta del Colegio de Registradores y de la reunión que mantuvo el subsecretario de Justicia con el presidente de esta organización colegial.

Ante esta situación, CSI-F anuncia que está valorando las medidas de presión que llevará a cabo para intentar frenar una “medida injusta que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Esperemos que el Gobierno reconsidere y reconduzca una nueva decisión del titular de Justicia adoptada sin consenso”, concluye la central.