El tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones, según se señala en la providencia dictada hoy. La ley ahora suspendida fue aprobada el pasado 15 de abril.

El Pleno, encabezado por el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, ha acordado también la suspensión automática de la norma recurrida al tratarse de un recurso interpuesto por el Gobierno.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas.