Esta cantidad permitirá desarrollar 3.213 cursos de los que se beneficiarán un total de 48.195 alumnos y el principal objetivo de estas acciones formativas es facilitar el acceso al empleo y la capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.

Las acciones formativas autorizadas hoy deben reservar, al menos, el 60% de sus plazas para alumnos en situación de desempleo.

Dentro de este colectivo tendrán prioridad las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los afectados y víctimas del terrorismo y la violencia de género, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, las personas con riesgo de exclusión social y los cuidadores no profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia.

También podrán participar en los cursos los trabajadores ocupados, especialmente los empleados de pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores con baja cualificación.

Podrán solicitar la realización de estos cursos los centros y entidades de formación que estén inscritos o acreditados en el registro de centros y entidades de formación para impartir las especialidades formativas que soliciten.