A falta de la votación, el rechazo del PP no permitirá que la propuesta siga su tramitación en el Congreso. A pesar de contar con el apoyo de todos los grupos de la oposición, los populares anunciaron durante el debate que votarían no a la propuesta.

El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, mostró su respeto al texto y al Parlament catalán, pero dijo que votarían que no a la propuesta porque “no es eficaz para dar solución a los problemas que tienen los ciudadanos”.

Además, respondió a las críticas de la oposición diciéndoles que “no se preocupen, pensamos todos los días en la familia y nadie en esta Cámara tiene el monopolio de lo social”.

APOYOS DE LA OPOSICIÓN

El diputado de PSOE Joan Ruiz lamentó que el Gobierno no haya sido capaz de diseñar una norma de estas características y, encima, con consenso. Se trata de dar un respaldo a la “idea básica de que no se puede dejar a una familia en la calle”.

Lourdes Ciuró, diputada de CiU, puso de manifiesto la importancia de avanzar en la legislación de esta materia, y afirmó que si hay aspectos con los que no se está de acuerdo en la propuesta del Parlament “hablemos, rectifiquemos y modifiquémoslas”.

Según el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela estas propuestas son necesarias porque el Gobierno se ha resistido siempre a llevar a cabo reformas profundas en esta materia, y cuando ha actuado lo ha hecho a remolque de las movilizaciones sociales o las propuestas de la oposición.

El portavoz de UPyD en el debate, Carlos Martínez Gorriarán, justificó el apoyo de su grupo a la proposición porque “da la oportunidad de que discutamos otra vez cómo se puede introducir” un concurso de acreedores para los deudores hipotecarios e impulsar una regulación de segunda oportunidad.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu explicó que apoyarán la propuesta a pesar de que en “gran parte está superada por la realidad”, ya que desde que ésta se aprobó en Cataluña en 2012 la situación ha cambiado y se han tomado medidas, lo que no quiere decir que “el problema esté resuelto”.

Para Amaiur, según expuso Rafael Larreina, siguen los problemas generados por una “política inhumana del sector financiero”, y hay que seguir “buscando soluciones” porque lo legislado hasta ahora no es suficiente”.

Desde las filas de ERC, Alfred Bosch destacó que la norma quiere acabar con una situación “tremendamente injusta”, que es la de “perder la vivienda y cargar con las deudas de por vida”.

Joan Baldoví, diputado por Compromís-Equo, mostró su apoyo a la propuesta porque es similar a la de otros países del entorno de España y si se hubiera aprobado cuando se pidió “se habrían evitado muchos dramas sociales”.

PRESENTACIÓN DE LA LEY

Tres representantes del Parlament de Catalunya fueron los encargados de defender la propuesta, destacaron que salió adelante por unanimidad en la cámara regiones, incluido el PP, y que es una norma necesaria.

Meritxell Roige, diputada de CiU en el Parlament, defendió que se trata de una “propuesta razonable” que va a “mejorar” la regulación estatal, al dar cobertura a la “segunda oportunidad” a familias que “sufren una situación dramática”.

Por su parte, Pere Aragonès, de ERC, aseguró que se ha elaborado una propuesta “razonable, viable y justa”, que “atribuye de forma proporcionada la responsabilidad entre entidades financieras y familias” cuando hay problemas en el pago de los préstamos hipotecarios

Además, el representante de ICV-EUiA Salvador Milà i Solsona indicó que “no es una proposición más para que se incluya la dación en pago de forma generalizada, va mucho más allá” pues busca combatir “el drama social de la exclusión en el derecho a la vivienda”.

MEDIDAS CONCRETAS

El objeto de la ley, según se explica en la misma, es establecer medidas destinadas a resolver el sobreendeudamiento de las personas físicas y las familias vinculado a la adquisición de la vivienda habitual.

Así, por ejemplo, se recoge que las entidades financieras sólo podrán otorgar créditos o préstamos para la adquisición de la vivienda habitual con garantía hipotecaria constituida sobre la vivienda que se adquiere siempre que el plazo de amortización del crédito hipotecario no sea superior a los 30 años.

Además, el importe del crédito hipotecario no puede superar el 90% del valor de tasación de la vivienda hipotecada y no exceder, en ningún, caso el 100% del precio escriturado.

Por otra parte, en función de la situación del deudor, el procedimiento puede incluir medidas inmediatas, como la dación en pago, u otras que garanticen la permanencia en la vivienda.