El objetivo de esta herramienta, nacida en Estados Unidos, exportada posteriormente a Canadá y Latinoamérica, y que poco a poco se va haciendo hueco en España, es implicar a los propietarios de las fincas privadas (45% del territorio nacional) en el buen uso de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos, de manera que tanto el propietario, como el entorno, resulten beneficiados.

Para conseguirlo, se promueven acuerdos voluntarios entre los propietarios y las entidades de custodia (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro) para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio.

El encuentro informativo se ha celebrado en el marco del I Observatorio del Emprendimiento Sostenible y la Biodiversidad, iniciativa de Servimedia, desarrollada gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Lo moderó Víctor Gutiérrez, representante de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, que señaló que en España existen ya “más de 2.000 acuerdos de custodia de territorio y 7 redes regionales”.

IMPLICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS

El debate giró principalmente en torno al tipo de contraprestación que deben recibir los propietarios por gestionar sus fincas de forma sostenible. Así, Eduardo de Miguel, presidente de la Fundación Global Nature, entidad que trabaja en custodia desde los años 90, aseguró que aunque lo fundamental para llegar a estos acuerdos es “ganarse la confianza del propietario”, también “hace falta contar con financiación” para lo que propone fomentar una “comercialización diferenciada”.

En este sentido, apuntó que España ya cuenta con un presupuesto que podría destinar a tal fin, gracias a la Política Agraria Común (PAC), que establece que casi 2.000 millones de euros de los que recibe nuestro país, se destinen a acciones de verdeo y otro 20% a acciones de conservación de la biodiversidad. “Siendo así, son nuestras administraciones las que deberían incluir la custodia en sus planes de desarrollo”, dijo.

Además, señaló que por otra parte, es fácil que el mercado valorice la custodia. “En el recibo del agua pagamos por los servicios de potabilización, la canalización etc. bastaría con incluir un euro más como pago a los servicios ambientales que se desarrollen en el entorno natural en el nace ese agua de calidad”, expuso.

Por su parte, el zoólogo Jordi Sargatal propuso establecer una serie de beneficios fiscales para los propietarios que desarrollen buenas prácticas. “No se trata de pagarles para que gestionen de manera sostenible su territorio, sino devolverles el favor que hacen a la sociedad por cuidar de parte de su territorio”, dijo.

“Esto ayudaría, además, a llegar a aquellos propietarios que aún no están convencidos de que deben conservar la biodiversidad de sus terrenos. Hasta el momento hemos trabajado con aquellos que ya estaban convencidos de que debían hacer algo, pero el reto es llegar ahora a zonas ya degradas, con propietarios no convencidos”, añadió.

Asimismo, el doctor en derecho ambiental Carlos Javier Durá defendió que hay que fortalecer tanto el marco jurídico para favorecer la Red de Custodia del Territorio, como el tejido social, valorando positivamente en este sentido la labor de la Fundación Biodiversidad, ya que ha creado la Plataforma de Custodia del Territorio como espacio de encuentro, pero “está dejando que sea la sociedad civil la que se organice y controle este movimiento”.

En este sentido, explicó que la custodia es una herramienta muy joven, nacida apenas hace 10 años, directamente del Tercer Sector, como fruto de un cambio de paradigma, y es lo que ha hecho que poco a poco se vaya incorporando a la legislación".

FUNDACIÓN AMIGOS DEL ÁGUILA IMPERIAL

Por su parte, Fernando Andrada-Vanderwild, presidente de la Fundación de Amigos del Águila Imperial, organización de propietarios que representa a 650.000 hectáreas, aclaró que “para un propietario, la conservación de un terreno en las mejores condiciones es algo natural, los custodios somos nosotros”.

Así, explicó que aunque “lo más deseable sería que la ley recogiera determinados mecanismos para saber que si inviertes en una cosa, te desgravas en otra”, su colectivo entiende que el tema fiscal es complicado.

Sin embargo, demandó la emisión de diplomas dirigidos a propietarios que acrediten que son buenos custodios, como reconocimiento del éxito de quienes triunfan en la creación de sostenibilidad, así como una mayor información por parte de administraciones y entidades de custodia, ya que “la mayor parte de los propietarios aún no conoce estas herramientas”.