Las empresas imputadas son Carbones Arlanza, Alto Bierzo -del grupo Viloria-, Hijos de Baldomero García, Hullera Vasco Leonesa y las compañías del grupo Alonso, Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), por lo que se les atribuye el posible delito de fraude a todas las empresas mineras que actualmente operan en la provincia de León.

Los hechos por los que se les imputa, indicaron desde el TSJCyL son que solicitaron entre los años 2007 y 2012, ambos incluidos, subvenciones al Ministerio de Industria, gestionadas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por las cuales recibieron anualmente diversas cantidades.

En este proceso el juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada aprecia indicios racionales de criminalidad contra las sociedades y sus administradores por haber obtenido las subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando aquellas que hubiesen impedido recibir tales ayudas.

El juzgado inició la investigación sobre los posibles hechos delictivos en julio de 2013, ante las denuncias formuladas por el Ministerio Fiscal donde acusaba de un presunto delito de fraude de subvenciones.

En las próximas semanas el juez citará a declarar a los apoderados o administradores de estas empresas, así como a los doce empresarios de la minería.