Al término de la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega explicó que el ATC es "una de las prioridades del sexto plan de residuos radioactivos".

El parque nuclear español genera residuos cercanos a las 6.600 toneladas de residuos de alta radioactividad, almacenados hasta ahora en las piscinas de los reactores. El ATC permitirá "unificar estos residuos y hacerlo de manera más segura y económica".

Junto al ATC se instalará un parque tecnológico de 20 hectáreas, un centro de investigación sobre residuos y un parque empresarial que, en total, supondrán una inversión aproximada de 700 millones de euros en cinco años.

La vicepresidenta destacó que "otros países europeos han optado por esta solución" para los residuos nucleares, con la que, además, "se impulsará la zona donde se intale" con inversión en I+D+i y creación de empleo, lo que "contribuirá a situar a España a la cabeza de este tipo de tecnología".

Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los citados cinco años, con picos de hasta 500.

RESPONSABILIDAD

El Consejo de Ministros aprobó también el anteproyecto de ley de responsabilidad civil nuclear, por el que se amplía la responsabilidad del titular de un reactor desde los actuales 150 millones de euros hasta 1.200 millones.

Según expuso en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, este texto amplía el concepto de daño nuclear a los daños medioambientales. También introduce medidas reparadoras de lucro cesante y amplía a 30 años el periodo de reclamación de daños y perjuicios (ahora está en 10 años).

El Gobierno también aprobó una modificación de la ley sobre energía nuclear, que incluye nuevas definiciones sobre seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil, además de modificar los procedimientos de renovación de licencia de explotación.

En concreto, la norma incluye dos procedimientos: ordinario (cuando la solicitud no suponga extender la vida útil más allá de los 40 años) y extraordinario (cuando ya se haya cumplido dicho plazo). En este segundo caso, el Consejo de Ministros deberá autorizar el procedimiento teniendo en cuenta factores como la seguridad de suministro, los costes de generación y las emisiones de CO2.

El texto impone la titularidad única en la licencia de explotación de las centrales, para lograr más transparencia y seguridad. El titular deberá ser una persona jurídica que tenga por objeto exclusivo la gestión de las centrales nucleares.