En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el ministro explicó el informe enviado a las embajadas explicando la posición del Gobierno y fuertemente criticado por varios grupos parlamentarios.

Margallo rechazó de plano la comparación entre Cataluña y Escocia porque Reino Unido no tiene constitución escrita y ha podido por ello delegar la competencia de convocar consulta al Parlamento escocés.

En todas las constituciones escritas, reiteró, solo tres han admitido el derecho a la secesión unilateral, y en el resto, incluida la española, es el conjunto del pueblo el que ejerce la soberanía.

Insistió en que Naciones Unidas no ampara ese derecho salvo en el caso de colonias, territorios ocupados militarmente o aquellos donde no se reconocen los derechos de la población, y en todos los demás casos los pueblos deben ejercitar la autodeterminación interna dentro de la Constitución y las leyes.

Al no corresponderse con ninguno de esos supuestos, explicó, el reconocimiento internacional de Cataluña independiente sería negado al violar el principio de la integridad territorial y quedaría “fuera del sistema”. “Me lo haría mirar”, alertó, con una deuda de 50.000 millones sin poder recurrir a organismos internacionales.

Margallo preguntó expresamente al portavoz de ERC, Joan Tardà, si cedería a Tarragona el derecho a escindirse de una Cataluña independiente y permanecer en España.

La única forma en la que Cataluña podría acceder a la independencia es mediante una declaración unilateral, aseguró, ya que el Gobierno “no puede” autorizar un referéndum porque “lo prohíbe” la Constitución y todos los miembros del Ejecutivo “hemos jurado defenderla”.

CRUZADA CONTRA LA DEMOCRACIA

Tardà denunció que el informe enviado a las embajadas solo pretende “desprestigiar y hacer descarrilar la voluntad de la ciudadanía de Cataluña de ejercer democráticamente el derecho a decidir”, algo que, dijo al ministro, “a su edad y con su bagaje profesional” debería generar “cierto sonrojo” porque supone tanto como “emprender una cruzada contra la democracia”.

Advirtió de que la democracia es ”imbatible” y retó al ministro a reconocer “el genocidio lingüístico que Cataluña ha sufrido” a lo largo de su historia y a renunciar a “jugar sucio”.

Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural, emplazó al ministro y al Gobierno a abordar el asunto no desde un prisma identitario sino meramente democrático. La situación requiere evitar “excesos”, aseguró, y fomentar el diálogo.

La posición de ERC e Izquierda Plural, que habían pedido la comparecencia del ministro, fue respaldada por el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, insistió en que el Gobierno sí podría permitir un referéndum meramente consultivo y después, si el resultado es positivo, negociar una modificación de la Constitución que permitiera la independencia.

Acusó al Gobierno de recurrir en su informe a una “sarta de mentiras” e incluso de “manipular la historia y desfigurar la realidad” actuando como “el amante despechado” dispuesto a impedir, en su caso, la unanimidad necesaria para que Cataluña se integrara en la Unión Europea.

Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, coincidió con la exposición del ministro aunque reclamó al Gobierno que haga “más” para frenar las intenciones separatistas.

En nombre de CiU, Feliu-Joan Guillaumes alertó al Ejecutivo de que sigue confundiendo la secesión con una consulta, y preguntó quién dijo aquello de que “sin violencia se puede hablar de todo”, porque la realidad es “que no, que sin violencia tampoco se puede hablar de todo”.

Guillaumes recordó la recogida de firmas contra el Estatuto, la sentencia posterior de un tribunal “inconstitucional” y las continuas negativas a las pretensiones de Cataluña. “¿Cómo quieren que se tomen esto los catalanes?”, le preguntó.

DIÁLOGO GOBIERNO-GENERALITAT

Alez Sáez Jubero, del PSOE, criticó el informe por entender que ha cometido el mismo error que Artur Mas al “internacionalizar” un problema que requiere diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Le preguntó, de hecho, si piensa enviar un informe a las embajadas para explicar la posición sobre el aborto.

Defendió la propuesta de los socialistas de reformar la Constitución en un sentido federal, porque con la “clara voluntad de inmovilismo” mostrada por el Gobierno “no hay esperanza de evitar” la fractura que se está abriendo entre Cataluña y el resto de España.

José María Beneyto, del PP, denunció que el sujeto de soberanía “no es el que ustedes definen” y la prueba es que a los ciudadanos españoles no se les puede segregar una parte de lo que son si Cataluña se escinde de forma unilateral.

Criticó la “pérdida de la realidad” de quienes defienden la independencia porque “si algo hay claro” en los tratados europeos es que los sujetos son los Estados, y por tanto la ciudadanía europea se basa en la ciudadanía de los Estados.