Todos estos dispositivos “deberán ser depositados en el control de entrada cuyos funcionarios introducirán en bolsas adecuadas”, según determinó el magistrado en una providencia dictada el pasado 28 de enero. La resolución señalaba que la medida incluye al Ministerio Fiscal y al propio Castro.

La finalidad de la medida, según explicó el juez, es “asegurar que ninguna grabación, ni de imagen ni de sonido, se obtendrá fuera de los cauces habilitados para ello”.

La declaración, además, tampoco se grabará en vídeo, en contra de lo que es habitual en las comparecencias judiciales. El juez Castro explicó en su providencia que “en la fase de instrucción sólo en tiempos relativamente modernos se han incorporado las técnicas de grabación audiovisual de las actuaciones”.

La declaración de la infanta Cristina “sólo se grabará en soporte de audio”, del que no se entregará copia "ni al Ministerio Fiscal ni a ninguna de las partes aunque sí su trascripción”. El magistrado accedió así a la petición de la representación procesal de la Infanta.