Esta es una de las principales consecuencias de las medidas que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Raojoy a lo largo de la presente legislatura con el fin de reducir el tamaño de la Administración, disminuir gastos superfluos y eliminar duplicidades.

Fuentes gubernamentales explicaron que la reforma de la CORA avanza a buen ritmo y está permitiendo conseguir importantes ahorros. Entre ellos destaca el descenso del número de empleados públicos en todos los ámbitos de la Administración, con casi 2,8 millones de trabajadores, al nivel del que existía en 2004 cuando el PP de José María Aznar abandonó el Gobierno.

Esta reducción es posible gracias a la política de reposición cero de funcionarios que Rajoy implantó nada más tomar posesión y que, con pequeñas excepciones, impide sustituir a los empleados públicos a medida que se jubilan.

El Ejecutivo pretende darle una nueva vuelta de tuerca a la reforma de la CORA y, para ello, esta misma semana ha celebrado una reunión "con grado altísimo de aceptación" con las comunidades autónomas dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera para consensuar nuevas medidas de supresión de duplicidades.

Entra otras acciones, va a eliminarse el Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha, uno de los cuatro que todavía existe en comunidades autónomas, y el Defensor del Pueblo de La Rioja y Asturias, dos de los nueve que quedan vinculados a los gobiernos regionales.

LA TECNOLOGÍA TAMBIÉN AHORRA

En materia de contrataciones, el Gobierno subraya que la participación de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, que lidera Domingo Molina Moscoso, está permitiendo un "ahorro enorme" dado que cualquier necesidad material pasa ahora por sus manos.

Ningún ministerio ni organismo de la Administración General del Estado puede adquirir tecnologías sin comunicarlo previamente y sin recibir autorización, ya que se quiere conseguir un sistema único de contratación para ahorrar costes y homogeneizar todos los servicios con los que cuenta el Gobierno en este campo.

Además, está trabajando en la mejora de los sistemas para que el ciudadano acceda a la Administración Pública, con el fin de facilitar la realización de trámites a través de Internet. De ese modo, se evitan desplazamientos y se reducen pasos burocráticos, lo que el Ejecutivo considera que también genera ahorros económicos.

Entre las medidas más llamativas están la implantación del método para que los niños puedan inscribirse en el Registro Civil nada más nacer desde los propios hospitales, la creación de un tablón único de edictos para todas las administraciones de España y la simplificación de los requisitos tecnológicos al realizar operaciones por Internet.

El Gobierno pretende implantar un método de confirmación mediante SMS para evitar que en trámites más sencillos no haga falta un certificado digital. Al confirmar la operación, la Administración mandaría un mensaje al móvil del ciudadano con un código, para que lo inserte en la web y pueda finalizar el proceso.

Asimismo, tiene la intención de unificar los centros de datos de la Administración General del Estado en un mismo sitio, lo cual permitiría ahorrar tanto en la propia contratación del servicio como en el alquiler de los múltiples edificios que ahora mismo están arrendados.