Montero advirtió, durante el acto organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, del proceso recentralizador al que se está asistiendo en los últimos años con leyes como la Ley de Control de la Deuda Comercial, que ha calificado como “una nueva vuelta de tuerca del gobierno central en el retroceso de la autonomía”.

Según esta Consejería, ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012 limitó la actuación de las administraciones públicas mediante la imposibilidad de incurrir en déficit estructural, por el respeto al techo de la deuda pública y la limitación del crecimiento del gasto. De manera que, en caso de romperse alguno de estos preceptos, las autonomías quedan, “en la práctica, tuteladas por el Gobierno de España, condicionando decisivamente el margen de maniobra para desarrollar prácticas económicas alternativas”, explicó la consejera.

A pesar de “no compartir muchas de las decisiones e imposiciones que llegan desde Madrid”, Montero ha hecho hincapié en que “no es necesario reafirmar la lealtad del Gobierno Andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno de España”, poniendo como ejemplo el cumplimiento del objetivo del déficit de 2013, a pesar de no compartirlo.

Sin embargo, esta lealtad “no siempre es recíproca”, ha declarado la consejera, quien ha enumerado varias normas que han afectado a los ingresos de las comunidades autónomas: “En la actualidad tenemos en marcha reclamaciones al Ministerio de Hacienda por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de traspasos y otras situaciones por un importe de 5.865 millones de euros”, cifró Montero.