Así lo explicó en declaraciones a Servimedia el letrado Candido Conde-Pumpido Varela, abogado de Silva, quien dijo que la suspensión cautelar de su cliente “forma parte de un proceso de involución democrática”. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid está buscando ahora fórmulas para evitar ser juzgado por prevaricación.

Una de las opciones que baraja es presentarse a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. El abogado de Silva dijo que de esta forma “adquiriría inmunidad”, ya que, como eurodiputado, tendría aforamiento y el Tribunal Supremo debería pedir permiso a la Cámara Europea para poder llevarlo a juicio.

El juez, además, no entiende como el CGPJ ha podido decretar su suspensión cautelar sin haber tenido en cuenta la querella que ha interpuesto contra el magistrado que ha decidido sentarle en el banquillo de los acusados. La querella, que fue presentada ante el Supremo el pasado jueves y que todavía no ha sido admitida a trámite, ha recabado el apoyo de 180.186 ciudadanos.

“Creemos que no ha cometido delito alguno y que la instrucción de este tema ha sido de lo más irregular”, señaló Conde-Pumpido Varela, quien insistió que había indicios suficientes para enviar a Blesa a prisión.

DELITOS DE PREVARICACIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el pasado 22 de enero apertura de juicio oral con el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y contra la libertad individual.

Silva habría cometido estos delitos en su instrucción de la causa contra el expresidente de Caja Madrid. El juez imputado ordenó el 16 de mayo el primer ingreso en prisión de Blesa, quien tardó menos de 24 horas en abandonar la cárcel al abonar la fianza de 2,5 millones de euros que se le había impuesto.

Silva volvió a enviarle a prisión el 5 de junio, esta vez sin fianza. El expresidente de Caja Madrid estuvo está vez 15 días en la prisión madrileña de Soto del Real hasta que la Audiencia Provincial de Madrid anuló la causa abierta contra él. La Fiscalía pide para Silva un total de 30 años de inhabilitación, lo que a la postre supondría su expulsión de la carrera judicial.