Fuentes de este organismo explicaron que, aunque todavía no se ha formalizado el procedimiento, "tenemos una comunicación de la Comisión Europea en la que considera que hay una nueva ayuda de Estado (de 241 millones de euros) que, en principio, la considera compatible".

De este modo, desde el Frob insisten en que no se trata de una inyección, sino que son nuevas garantías.

En cualquier caso, tendrán que aportarse unas garantías de 241 millones de euros para cubrir los riesgos derivados de la litigiosidad de los inversores que han rechazado la oferta.

Además, habría que sumarle otros 78 millones de euros del valor económico de los títulos que adquiriría el Frob, con lo que alcanzaría los 319 millones de euros. Estos bonos tendrían una rentabilidad del 1%, serán ilíquidos y no va a suponer presencia en el capital ni derechos políticos.

A esta cifra se suman otros 160 millones como compensación a los inversores que se demuestre que sufrieron una mala comercialización de estos productos híbridos.

Con todo ello, el Frob estima que el coste total para el cierre de la operación será de unos 402 millones de euros. "Consideramos totalmente cerrado el proceso y no se prevé ninguna contingencia", puntualizaron las mismas fuentes.

El hecho de que se haya alcanzado este acuerdo, para el cual se ha fijado como plazo definitivo el 31 de marzo de este año, aporta "certeza" y "despeja el horizonte". No obstante, el Frob considera que no se agotará el plazo y que la operación saldrá adelante "en las próximas semanas".

En relación con los fondos con los que cuenta el Frob para esta operación, las mismas fuentes se mostraron convencidas de que "hay recursos líquidos de sobra para asumir esta contingencia" y descartaron tener que volver a emitir deuda.

El Frob considera que Unicaja, al igual que el resto de actores que han intervenido en la operación, ha hecho "un gran esfuerzo" en el proceso "para poder culminarlo con éxito".

Con respecto a posibles nuevos ajustes de oficinas o de personal, no se descarta que puedan aumentar, puesto que tiene que se analizado por la Comisión Europea "que es quien obliga a adoptar estas decisiones".