Los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (apis) entienden que la tramitación de la futura LSCP constituye una oportunidad histórica para poner en valor a los colegios profesionales y los beneficios que ofrecen a la sociedad con su actual estructura, "perfectamente compatible con el espíritu de la Directiva de Servicios".

Por este motivo, las alegaciones que el Cgcoapi ha presentado al Consejo de Estado resaltan sus funciones públicas, en concreto la ordenación del ejercicio profesional y el control deontológico.

Los apis creen que se deberían reforzar las obligaciones de los profesionales y que así quede reflejado en el texto, por lo que pide que se incluya, entre otras, la obligación del cumplimiento del código deontológico de la profesión.

"Reforzar este aspecto no sólo ofrecerá más garantías de protección a los consumidores, sino que permitirá reforzar la aportación que realizan a la sociedad los colegios profesionales", indica el Consejo.

Estos profesionales consideran que en el actual anteproyecto existe una previsión de excesivo control y tutela por parte de la Administración sobre los colegios profesionales que podría ser inconstitucional, ya que olvida que estos colegios tienen funciones públicas encomendadas por la ley para garantizar su independencia.

Otra de las cuestiones que los apis entienden que debe mantenerse es la competencia de los colegios profesionales para la elaboración de las listas de peritos para designación judicial. "Si se otorga esta competencia al Ministerio de Justicia se introducirá más burocracia y lentitud en el funcionamiento de los juzgados", alegan. "Los colegios actualmente proporcionan una garantía de profesionalidad y eficacia al facilitar quiénes están preparados para ayudar a los jueces tribunales en los procedimientos judiciales".

Asimismo, entienden que los colegios de pertenencia voluntaria deberían poder reservar y utilizar para sus colegiados ejercientes la denominación de la profesión, como es la de 'agente de la propiedad inmobiliaria', ya que esta limitación es "una discriminación hacia los colegios de inscripción voluntaria y produce confusión a los consumidores, que no podrán contar con la garantía de saber si acuden o no a un profesional que está colegiado y que se somete a control deontológico".