La fecha se acordó ayer, martes 21 de enero, en las reuniones que mantuvieron los portavoces de CiU, ICV y ERC, según confirmaron a Servimedia fuentes parlamentarias. Estas dos últimas formaciones suscribirán la proposición mediante sus correspondientes grupos parlamentarios, La Izquierda Plural y el Mixto.

El contenido del texto apenas sufrirá modificaciones –más allá de las técnicamente necesarias- en relación con la proposición del Parlamento de Cataluña aprobada el martes por la Mesa del Congreso. Ésta reclama al Estado que delegue en la Generalitat la competencia para convocar la consulta independentista.

Los contactos informales entre los dirigentes se realizaron en reuniones “a dos”. Primero, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, mantuvo un encuentro con el portavoz de ICV, Joan Coscubiela y, después, con el portavoz de ERC, Alfred Bosch.

La jornada elegida por los tres grupos para registrar el texto en la Cámara responde a exigencias de las partes. ICV puso como condición que el texto no se presentara esta misma semana, dado que este miércoles está previsto que el Parlamento catalán apruebe los Presupuestos autonómicos, y no quieren que un debate público solape el otro.

El hecho de que el texto no se registre la semana que viene tiene otra justificación: la rotación de la Portavocía del Grupo Mixto. En febrero, pasa de Amaiur a ERC. Por tanto, la primera fecha disponible, según confirman a Servimedia esas fuentes, es el 3 de febrero y así lo han acordado los portavoces.

De esta forma, los tres grupos tratan de adelantar el pronunciamiento del Pleno sobre la petición realizada por el Parlamento catalán, teniendo en cuenta que el debate de la proposición de ley presentada por la Cámara catalana en ningún caso sería “antes de abril”.

PROCEDIMIENTO

En cuanto al procedimiento, la Mesa del Congreso calificaría la proposición de ley en la reunión de la siguiente semana y no el día siguiente, 4 de febrero. Dicho órgano califica todas las iniciativas parlamentarias registradas hasta las 14.00 horas del sábado inmediatamente anterior.

Una vez registrado y calificado por la Mesa de la Cámara Baja, el Gobierno tiene 30 días para manifestar, si lo considera oportuna, su oposición a esa iniciativa.

En el caso de que el Gobierno no exprese su oposición, tienen prioridad las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que no han agotado su cupo en este período de sesiones para defender en el Pleno este tipo de iniciativas, según explicaron a Servimedia fuentes de la Cámara Baja.

Además, para determinar su inclusión en el orden del día del Pleno existen una serie de requisitos. El primero de ellos es que se puede presentar una proposición de ley por cada diez diputados o fracción. Asimismo, en el Pleno no se puede debatir más de una iniciativa de este tipo del mismo grupo parlamentario.

El número de proposiciones de ley que se debaten en cada sesión plenaria son dos. Asimismo, la primera semana de cada mes se sustituye una de ellas por una proposición de ley de comunidades autónomas o por una Iniciativa Legislativa Plena (ILP).

Es decir, la primera semana de cada mes, el Pleno del Congreso de los Diputados debate una proposición de ley de CCAA o una ILP y una proposición de ley de un grupo parlamentario.