En la exposición de motivos, Amaiur subraya que el ministro, Jorge Fernández Díaz, se ha basado en ese informe para sentenciar que ETA y su entorno "trata de penetrar en el ámbito educativo para sembrar odio y legitimar crímenes".

Denuncian que el ministro ha legitimado esa investigación "exhaustiva" sobre 1.600 profesores de ese modelo, "que afecta a todas luces a la vida personal, social, política y académica de este colectivo".

"Tal actuación vulnera flagrantemente los derechos individuales, democráticos y profesionales del conjutno de este colectivo, más aún si se considera que, según todos los indicios, ha sido realizado sin autorización judicial alguna", dice Amaiur.

Añaden, además, que el informe se ha difundido "precisamente en las fechas en las que los padres y madres deben optar por el modelo lingüístico" al que quieren adscribir a sus hijos, y eso "no ha sido casual", sino que obedece a la "clara intención de sembrar desconfianzas sobre este modelo educativo y, en defintiva, criminalizar la enseñanza del euskera en la enseñanza pública navarra".

Amaiur recuerda que ese informe ha merecido el rechazo de la ComIsión de Personal de Educación por unanimidad de todas sus centrales sindicales, que han denunciado la intención de "manipular e intoxicar mediáticamente para desviar la atención de lo esencial", que es la Lomce y los recortes en Educación.

También el Parlamento de Navarra, prosigue Amaiur, aprobó una resolución de respaldo y reconocimiento a los profesores del 'modelo D' y de rechazo a su "criminalización".

Por ello, quieren que el Congreso de los Diputados haga suya esa declaración adoptada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

También, que de acuerdo a la Ley del Vascuence, vigente en Navarra, exprese la necesidad de "proteger la recuperación y el desarrollo" de esa lengua, ampare el derecho de los ciudadanos a conocerla y usarla y con ello garantice la enseñanza de la misma.

Finalmente, piden la apertura de un expediente de investigación y disciplinario sobre los responsables de ese informe, por entender que se han vulnerado los derechos individuales, sociales y profesionales de esos profesores.