En un comunicado, la fundación denuncia que las noticias sobre supuestas irregularidades en este expediente temporal proceden de una “información sin contrastar”, por lo que exige una rectificación en los medios en los que se reprodujeron.

Según IFES, este ERE se negoció con la sección sindical estatal de UGT que representaba a la “inmensa mayoría de trabajadores de la misma”, y se hizo “de acuerdo con la legalidad” y con “plena legitimidad”.

En este sentido, la organización recuerda que la sección sindical en una empresa nunca es “constituida, votada y aprobada” por los comités de empresa, sino que son directamente elegidas por los trabajadores afiliados al sindicato correspondiente.

Por esta razón, asegura que “responde a la mala fe o a una burda ignorancia jurídica confundir la representación unitaria de los trabajadores (comités de empresa y delegados de personal) con la sindical (secciones sindicales de empresa)”.

Por otro lado, sobre supuestas facturas fraudulentas referidas a subvenciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, UGT asegura en otro comunicado que “ha cumplido siempre con la legalidad en la presentación, ejecución y justificación de los proyectos” con esta institución.

Además, subraya que estas subvenciones han sido certificadas y la justificación de gastos ha sido “revisada estrictamente” por la propia fundación, por una auditoria externa, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y, en este caso concreto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por esta razón, UGT insiste en que “existe un empeño de enturbiar nuestra labor sindical”, poniendo incluso en “duda” la investigación realizada por el Ministerio de Empleo”. También asegura que se pretende “poner en entredicho hasta la actuación de las autoridades que velan por el uso de los fondos públicos, cuando son éstas y no los medios de comunicación los que tienen que certificar su adecuada utilización, como han hecho”.