Según el auto judicial del Tribunal Supremo, “no resulta indispensable (…) añadir al elenco de medidas públicas protectoras de la cinematografía, otra adicional que suponga para los operadores televisivos una evidente mengua de la esfera de su libertad empresarial, como es la de forzarles a invertir en los términos en que lo hace la Ley objeto de debate".

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo subraya también que "aun cuando la obligación de inversión se haya incluido en una ley (…) por la que se afirma incorporar al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva (…), en realidad se trata de una medida legislativa ajena al texto comunitario y en modo alguno impuesta por éste".

Uteca celebra esta resolución judicial, que ha contado con un voto particular, "por cuánto reitera que la obligación de invertir en cine el 5% de los ingresos brutos de las televisiones no deriva de la Directiva comunitaria sino que es una decisión española y porque dicha imposición resulta ajena al régimen concesional bajo el que los operadores de televisión desempeñan su actividad, ya que es una obligación que nace extramuros de las disposiciones que en España regulan la gestión directa, o indirecta del servicio público de televisión".