Discapacidad. Cantabria promoverá un estudio para adaptar la legislación autonómica a la Convención de la ONU

SANTANDER
SERVIMEDIA

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi Cantabria), el Parlamento cántabro y la Universidad de Cantabria han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de llevar a cabo un estudio que permitirá adaptar la legislación autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el acto de firma de este convenio participaron el presidente del Cermi Cantabria, Roberto Álvarez; el presidente del Parlamento autonómico, José Antonio Cagigas, y el rector de la universidad, José Carlos Gómez Sal.

Por este acuerdo, la Universidad de Cantabria, a través del Departamento de Derecho Público, elaborará el informe sobre la adaptación del ordenamiento jurídico de Cantabria a la Convención de la ONU. Posteriormente, este estudio será presentado y analizado por Cermi Cantabria, que también realizará labores de asesoramiento para su desarrollo ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad del Parlamento regional.

Además, el Parlamento de Cantabria financiará este proyecto e impulsará, a través del posterior debate en la Comisión de Discapacidad, la elaboración de las correspondientes propuestas y cambios legislativos que hagan posible la adaptación de la legislación autonómica a la Convención Internacional.

El presidente del Cermi Cantabria, Roberto Álvarez, señaló que “se trata de un avance más y muy importante para el sector en Cantabria y esperamos que este informe tenga un impacto real en la normativa”.

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, subrayó que para que la Comisión de Discapacidad siga avanzando, los diputados “necesitan información, tener datos teóricos”. Por ello, para esa adaptación de la normativa autonómica “lo primero que hay que hacer es un estudio previo, de dónde estamos, a dónde queremos ir y qué se puede hacer”.

Por su parte, el rector de la universidad, José Carlos Gómez Sal, puso el énfasis en que “la solvencia del grupo que va a trabajarlo está absolutamente garantizada. Son personas con una experiencia, que ya han trabajado en estos temas, puesto que están integradas dentro de un proyecto nacional para el estudio de los derechos humanos dentro de la normativa jurídica existente”.

El convenio prevé que los trabajos de la universidad finalicen no más tarde del 15 de abril de 2014, fecha a partir de la cual el estudio será presentado ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad.

(SERVIMEDIA)
16 Ene 2014
RBA/caa