Así lo traslada tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la nueva directiva sobre la contratación pública, que reconoce la especificidad de los servicios sociales y el papel que éstos desempeñan en la vida de los colectivos en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad.

La directiva concede a los Estados miembro la libertad de prestar los servicios sociales, ya sea por sí mismos o bien mediante disposiciones que no impliquen la firma de contratos públicos. Por ejemplo, a través de la mera financiación de dichos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones fijadas de antemano por el órgano de contratación, sin límites o cuotas.

Por ello, las autoridades públicas no están obligadas a externalizar la provisión de sus servicios sociales y tienen la posibilidad de establecer formas de cooperación al margen de la contratación pública.

Estas modalidades de relación alternativas, muchas veces, resultan “más adecuadas” para organizar servicios sociales encaminados a garantizar apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital, y que estén centrados en sus proyectos personales.

En este sentido, el Cermi pide que, en todo caso, los procedimientos de contratación garanticen la continuidad y sostenibilidad de estos servicios que ofrecen una red de apoyo sostenida en el tiempo para las personas con discapacidad y sus familias.