Esta federación aplaude el citado informe, en el que se asegura que el transporte sanitario “no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización”.

Además, critica el hecho de que el Ministerio de Sanidad no haya valorado ni el impacto económico ni sobre la salud de la población de esta medida.

Sostiene que este decreto generará "desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias, que se vería muy dificultado para las personas más pobres, más enfermas, con más problemas de discapacidad y para las que viven en el área rural, es decir para más de seis millones de personas en este país que no podrán acceder a prestaciones asistenciales que les son necesarias para el mantenimiento de su salud".

También destaca esta federación el hecho de que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, haya anunciado que su comunidad asumirá el copago farmacéutico hospitalario.

Por ello, concluye que "las únicas opciones que tiene el Ministerio de Sanidad es paralizar la aplicación de los copagos, o la dimisión de sus responsables por su manifiesta incapacidad para cumplir con las tareas por las que les pagamos los ciudadanos de este país".