Dicho informe resalta que, aunque esta falta de análisis es una carencia estructural en términos de protección del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad, el ratio actual está siete puntos por encima del 29% que marcaba en los años más severos de la crisis anterior.

Además, el 10% de las empresas, el máximo de la serie histórica, no aplica una política de riesgos para gestionar los posibles impagos en sus procesos de prospección. Asimismo, el resto de valores se mantienen prácticamente inalterados con respecto a 2022.

“Sin duda, los datos muestran hasta qué punto el tejido empresarial ha puesto el foco en el crecimiento en los dos últimos años. De hecho, solo un 44% de las empresas cuenta con procedimientos estructurados que definan por escrito su política de riesgos comerciales”, añade.

También se retrocede en la consolidación de los comités de riesgos. Solo el 33% de las empresas cuenta con estas estructuras para el control sistemático y transversal de la cartera de clientes que permite la revisión, aprobación y recomendación de límites en la exposición al riesgo. El dato del Estudio, a partir de la consulta a más de 700 gestores de empresa, supone un retroceso de dos puntos frente al valor de hace un año.

“Estamos todavía muy lejos del máximo histórico de 2012 cuando, como reacción a la anterior crisis económica, un 58% de las empresas llegó a contar con estos órganos formales”, remarca el estudio.