Esta cantidad representa un 35 por ciento del total de créditos FAD destinados al desarrollo en la década de los ochenta. En algunos casos estas operaciones comerciales se realizaron con países que viven conflictos armados internos o externos, como Egipto, Marruecos, Zimbawe, Angola, Lesotho, Somalia, Uganda o Mozambique.

El informe indica que algunos países pobres, como Somalia, Lesotho, Santo Tomé, Jordania, Zimbaw, Thailandia y Egipto recibieron el cien por ciento de la Ayuda al Desarrollo para la adquisición de armas de producción española.

A pesar de que estos fondos tienen el objetivo de intentar disminuir la pobreza, la utilización que se hace de los mismos contribuye a aumentar el endeudamiento interno de los países más pobres. El documento de Intermon concluye que entre un 20 y un 30 por ciento de la deuda externa acumulada del Tercer Mundo se origina por la compra de armas.

José María Vera, directo de la sede Intermon en Madrid, denunció hoy el uso que el Gobierno español otorga a estos fondos y aseguró que los países exportadores de armas contribuyen a la aparición de conflictos bélicos, que han obligado a desplazarse a cincuenta millones de personas.

Vera recordó que la exportación de armas a países sumidos en conflicto bélico vulnera las prohibiciones que contempla tanto la legislación española como los tratados internacionales.

EXPORTACIONES

A pesar de las dificultades que existen paa acceder a la información sobre comercio de armamento en nuestro país, ya que está clasificado como materia reservada, el informe señala que según los datos del Instituto de Investigación de la Paz Internacional (SIPRI), España ocupó el lugar decimotercero a nivel mundial en cuanto a exportaciones durante el periodo 1988-92 y el noveno en importaciones.

En el capítulo de exportaciones, tan solo seis países (EEUU, Rusia, Francia, Alemania, China e Inglaterra) son los responsables del 87 por ciento delcomercio mundial de armas en el citado periodo. Todos ellos, menos Alemania, forman parte del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU con voto, organismo encargado de velar por la paz y seguridad mundial.

La profesora Font manifestó que España, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayor parte del mundo, aumentó el comercio de armas durante los últimos años, especialmente en el sector aeronáutico.

Según la autora del documento, el volumen de negocio que mueve en nuestro país el comercio de amamento oscila entre los 85.000 y los 95.000 millones anuales y el 80 por ciento de las empresas que las producen son públicas, por lo que, a juicio de Intermon, la responsabilidad máxima de la política exportadora de la industria de armas es del Gobierno.

Las principales empresas exportadoras son CASA, Bazán, Santa Bárbara, Ceselsa-Inisel, Defensa y Exportación SA (DEFEX), Unión Española de Explosivos SA, Gamesa, Page Ibérica SA y Sener Ingeniería y Sistemas.

Marruecos fue el país no industrialiado que compró durante los últimos años más armamento a España, por delante de Chile, Angola, Venezuela, Nueva Guinea, Ecuador, Indonesia, Argentina, Arabia Saudí y Singapur.

En el apartado de importaciones, España ocupa el noveno lugar, por detrás de India, Japón, Arabia Saudí, Afganistán, Grecia, Turquía, Iraq y Alemania. Tres zonas destacan como grandes compradoras: Oriente Próximo, Asia y Europa.

Durante los últimos años, la Unión Europea importó el 20 por ciento de las armas mundiales, conseuencia en parte de los programas de modernización de los dispositivos de seguridad efectuados en España y Grecia.

Intermon está desarrollando la campaña "Ponte en marcha. Con la población refugiada del mundo", que tiene como objetivo aumentar el control y limitar el comercio de armamento. Para conseguirlo, Vera señaló que es imprescindible que la ONU transforme sus estructuras y los gobiernos dejen de lado intereses económicos "que son incompatibles con una política de control del comercio de armas". En el caso de España, Intermon pide un mayor incremento del control parlamentario sobre este tipo de comercio mediante la creación de una comisión, la reducción de la capacidad productora y exportadora y una disminución del tres por ciento de los gastos militares antes de que finalice la presente década.