Así lo explica el gestor aeroportuario en una nota de prensa, en la que señala que el plazo para recurrir dicha sanción, que asciende a 901.518 euros, es de dos meses.

En relación con el objeto de la investigación de la CNMC, Aena sostiene que no ha participado en ninguna práctica limitadora de la competencia en el mercado de los coches de alquiler y que no interviene en la fijación de los precios.

A este respecto, explica que cerca del 90% del negocio de los arrendatarios proviene de contratos previamente establecidos en origen, por lo que la contratación directa en el aeropuerto no es relevante en la fijación del precio en sus instalaciones.

También recuerda que dejó de facilitar dicha información de facturaciones y contrato en mayo de 2012, hecho que valora positivamente la CNMC.

En cuanto a la facilitación e intercambio de la "información comercialmente sensible", asegura que su intención “fue siempre la de otorgar transparencia a la asignación anual de plazas de aparcamiento”.

En esa línea, indica que también quería que el número de plazas de aparcamiento cedidas para el desarrollo de la actividad se distribuyera entre sus arrendatarios de forma proporcional a su volumen de actividad real y de movimientos de vehículos.

Por último, apunta que las tarifas de los aparcamientos de Aena son públicas y destaca tanto su heterogeneidad como la amplia diferencia en precios que existe en muchos casos entre ellos.