Así lo dijo en una entrevista concedida a Servimedia, en la que señaló que bien podría aplicarse “parcialmente” dicho artículo de la Carta Magna, de forma que el Estado volvería a asumir ciertas competencias autonómicas.

Dicho artículo establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

A juicio de Díez, “no hay que esperar” a que la Generalitat dicte un decreto convocando el referéndum para aplicar el citado artículo de la Carta Magna, pues la Generalitat ya ha dado motivos al Gobierno para que actúe, como el presupuesto fijado para la elaboración de un censo, cuando no tiene competencia para ello.

En su opinión, el contencioso con la Generalitat a propósito de la consulta soberanista no se resuelve con un modelo federal del Estado como el que defiende el PSOE.

“Si hay alguien que cree que el modelo federal es la solución a este problema, si lo cree de verdad, es que verdaderamente se tiene que retirar de la política, porque no hay nada más contrario al nacionalismo que el federalismo”, dijo.

En este sentido, defendió que “el federalismo garantiza la igualdad y el nacionalismo ejercita la desigualdad y busca, además, el privilegio”.

SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA

Díez se refirió también a la subcomisión que el PSOE quiere pedir en el Congreso sobre la "modernización del modelo territorial". “Oigan, para resolver sus problemas de encaje con el PSC no nos traigan el problema al Congreso de los Diputados”, dijo.

Añadió que si lo que se quiere es reformar la Constitución para decidir un nuevo modelo de Estado, bien puede iniciarse un proceso constituyente que, en un plazo de dos años o el que se determine, convoque un referéndum para aprobar una nueva Carta Magna.